ayuntamientosEl recorte de transferencias y el agotamiento del filón inmobiliario ponen en peligro la prestación de servicios básicos y el pago de nóminas.Benacazón vio este verano cómo se cerraba el uso público de su gimnasio municipal mientras que Mairena del Aljarafe, Aznalcóllar o Palomares del Río tuvieron que dejar en el cajón sus fiestas locales. Otros como Valencina o Almensilla se vieron obligados a presentar Expedientes de Regulación de Empleo y hasta Castilleja de Guzmán está pidiendo ahora incluso la colaboración ciudadana para sacar adelante la cabalgata de reyes. La asfixia financiera que padecen los ayuntamientos de la provincia de Sevilla ha llevado a sus corporaciones locales a asumir medidas de urgencia que garanticen al menos la prestación de servicios básicos a la población, mientras se espera que la crisis dé tregua.
Solicitar un anticipo para pago de deudas con Hacienda o préstamos bancarios por necesidades de liquidez ya es hoy una práctica compartida, sobre todo, para aquellos donde los ingresos económicos derivados del urbanismo y el boom inmobiliario —la construcción llegó a representar en la provincia el 12 por ciento del PIB—, suponían el sostén de sus arcas municipales.Muchos están vendiendo patrimonio, incrementando las tasas o reduciendo el personal contratado para afrontar la pésima situación económica de los consistorios. No hay dinero para celebraciones y lo que es peor, para abonar las nóminas de los empleados públicos y sacar a flote las inversiones ya comprometidas a las puertas de unas elecciones.Hasta 38 ayuntamientos han acudido al «plan de rescate» financiero promovido desde el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) a través de su Fondo de Anticipos Reintegrables de Tesorería, aunque sólo 27 cumplen los requisitos para hacer frente por esta vía a las obligaciones derivadas de los compromisos de gastos de personal en el ejercicio 2010.La Diputación se erige así como salvadora de los pueblos en un momento crítico, cuando se está acercando el final de año, recordemos año preelectoral, y los recursos de los ayuntamientos previstos al inicio de 2010 están más que agotados. Con los 15 millones de euros que la Diputación y el Opaef —con una aportación del 80 y el 20 por ciento respectivamente—ponen a disposición de los municipios se pretenden que los ayuntamientos beneficiarios puedan finalizar el año con todos los pagos de personal al día, al tiempo que actualizan los pagos atrasados. Pero sólo se trata de pagar nóminas. Cuestión aparte son las altas deudas que se mantienen con los proveedores y que merman aún más la posibilidad de la ansiada reactivación económica. Los municipios coinciden en que la iniciativa supone un alivio para las tesorerías de los ayuntamientos, aunque advierten que no es la solución.Los peores Planes como el planteado por el Opaef demuestran, a juicio de Toscano, alcalde de Dos Hermanas y presidente de la Famp, que la Diputación es «sensible» y que en principio a él se acogerán los municipios «que están en peores circunstancias». El problema de la devolución de los fondos vendrá más tarde. «La necesidad es tan inmediata que el problema no es cómo los van a devolver, sino cómo pagar las nóminas», subrayó.Por ello, desde que esta medida se publicara en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) a mediados de septiembre, los ayuntamientos comenzaron a convocar plenos con carácter de urgencia para aprobar la petición de estas ayudas reintegrables y preparar la documentación necesaria. Huévar del Aljarafe, Valencina de la Concepción, La Algaba, Castilleja de Guzmán, Umbrete, Palomares del Río, Morón de la Frontera, Gelves o Los Palacios y Villafranca son algunos de los municipios que se han visto obligados a recurrir a estos anticipos. Uno de los casos más desesperados es el de Huévar del Aljarafe. Los trabajadores municipales no han recibido ni un céntimo de las nóminas de 2010 y todavía se les adeuda parte del salario de diciembre de 2009, por lo que la llegada de esta ayuda se espera de forma desesperada. En Palomares del Río ya se registraron retrasos en el pago de las nóminas el verano pasado y, a pesar de que el Ayuntamiento se logró poner al día, las dificultades para hacer efectivos los importes son máximas. El Consistorio ha solicitado unos 400.000 euros con cargos a estas ayudas, aunque con este dinero no podrá satisfacer la deuda que mantiene con los empleados de la empresa municipal, Emdespal, que ya acumula tres nóminas y además acaba de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Valencina de la Concepción en 2008 ya atravesaba dificultades y presentó un ERE que fue rechazado por la Junta; en esta ocasión solicita 597.000 euros para pago de nóminas. Almensilla, a quien el Gobierno autonómico sí autorizó el recorte de empleo el mismo año, ha pedido 250.000 euros.Con peticiones superiores se sitúan ayuntamientos como el de Los Palacios y Villafranca, que aprobó en pleno la petición de algo más de dos millones de euros a amortizar en 66 mensualidades; el de Morón de la Frontera, que ha demandado 1,5 millones de euros; el de La Algaba, que pide 1.180.385,94 euros; o el de Pilas que aunque por el momento no ha tenido problemas para el pago de las nóminas. En Gelves se han solicitado 677.862,47 euros que devolverán en 66 mensualidades a razón de 10.270 euros al mes.

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