El presidente de la Federación Española de Distribución Farmacéutica (Fedifar), Antonio Mingorance, y el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Andaluz de Colegios del ramo, Manuel Pérez, admitieron hoy la pertinencia del plan de ahorro del gasto farmacéutico acordado ayer entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades, con el que se pretende alcanzar un ahorro anual de unos 1.500 millones de euros, si bien reprocharon a las administraciones central y a las autonómicas el que «siempre se graven a los mismos» eslabones de la cadena.
En declaraciones a Europa Press, Mingorance dijo «entender» dicho plan de austeridad en una coyuntura actual de crisis económica, «que en España todos sabemos que es la que es», si bien echó en falta la puesta en marcha «de medidas estructurales reales y no tan puntuales», entre las que citó «una mejor gestión por parte de los poderes públicos de los bienes comunes», así como un estudio «serio» acerca de los fármacos «que se deberían de subvencionar con dinero público y cuáles no».
Cuestionado acerca de si el copago sanitario podría ser una de las soluciones que redujesen ese incremento desmesurado del gasto sanitario, a la par que permitiese un uso más racional y eficiente por parte de los mismos ciudadanos en los recursos sanitarios finitos, declinó entrar en esta cuestión, ya que, según dijo, dicha cuestión «concierne a los poderes públicos», aunque insistió sobre el hecho de que «tampoco se puede hacer recaer el peso de los recortes siempre sobre las espaldas de los mismos», en referencia a los distribuidores y responsables de las oficinas de farmacias.
De hecho, y pese a puntualizar que «aún habrá que esperar a ver cómo se concretan realmente las medidas anunciadas por el Gobierno», estimó que la pérdida de beneficio en España para las farmacias y las distribuidoras «podría rondar entre el 2 y el 3 por ciento de los ingresos brutos anuales».
«Los farmacéuticos y las mismas distribuidoras venimos colaborando desde siempre con las administraciones públicas y ahora, con la actual crisis, no tendremos más remedio que aguantar, pero será otra vez sobre una bajada de los precios de los medicamentos, por lo que nuestros márgenes de beneficios se medirán sobre una base del precio más baja», lamentó Mingorance.
Del mismo modo, el dirigente del Colegio de Farmacéuticos coincidió en esta lectura, toda vez que declaró a Europa Press que, «sólo en colaboración con la Administración sanitaria andaluza por medio de descuentos aplicados a pañales, tiras reactivas y la política de prescripción por principio activo, las farmacias de Sevilla dejan de facturarle al SAS 39 millones de euros», enfatizó.
«Las administraciones siempre aprietan en el mismo sitio y nos exigen un control exhaustivo y exquisito», subrayó Pérez, quien, por contra, reprochó la «falta» de ese mismo control en la gestión por parte de los poderes públicos.
En el caso andaluz, ambos dirigentes coincidieron también en afirmar que el impacto de estas medidas «sea posiblemente menor», ya que, según Pérez, «el precio medio por receta en Andalucía es de los más bajos en España porque al hacerse por principio activo estamos dando siempre el medicamento más barato.
«ABUSO» EN LA PRESCRIPCIÓN DE RECETAS
Además, a juicio de Pérez uno de los principales problemas de los que adolece el sistema sanitario es la «falta de un cálculo exacto del número de recetas que harían falta prescribir».
«Si el gasto medio por receta y persona está bajando mes a mes y año tras año, pero sin embargo el gasto general en farmacia no para de subir es porque o bien cada vez somos más millones de habitantes en este país y los presupuestos se hacen con una población inferior o los mismos ciudadanos abusan de la recetas y hacen un acopio innecesario de las mismas o bien las dos cosas», enjuició.