La normativa que endurece la Ley antitabaco ha entrado en vigor con el mismo vacío legal con el que han transcurrido los últimos cinco años. La Junta ha anunciado que asumirá las labores de inspecciones en Sevilla, Granada y Málaga pero antes debe dotarse de unos recursos humanos de los que aún carece. Y, mientras tanto, el Consistorio insiste en que el control de esta norma no es responsabilidad suya y rechaza incluso responder a reclamaciones que se han presentado en sus dependencias.
En medio, y mientras los avisos ciudadanos son mínimos, son entidades ciudadanas como Facua quienes lideran la exigencia de una correcta aplicación de la nueva ley. Ayer se estrenaron con su primera denuncia contra un bar sevillano y han recibido ya unas 700 quejas de todo el país en su web.Pese a que los servicios municipales y el 112, en los dos primeros días con la nueva ley en vigor, apenas han registrado avisos -ayer no hubo ninguno en el centro de emergencias-; en Facua se han recibido ya 700 quejas de todo el país. Dentro de Andalucía, Málaga y, en un segundo lugar, Sevilla -con 20 al finalizar la mañana-, fueron las provincias con más reclamaciones. A todos estos avisos, que se remitirán a la Consejería de Salud, se suma uno realizado por Facua ayer y tramitado ante la Junta y ante el área de Salud y Consumo. Se trata de un establecimiento del Centro, cuyas irregularidades no responden a las exigencias de la nueva ley antitabaco, sino a un marco legal anterior. El local, según Facua, tiene una máquina expendedora de tabaco en el exterior que no tiene dispositivo alguno de control para que los menores no puedan comprar. Además, no dispone de un cartel que indique que está prohibido fumar. Ambas irregularidades, como admiten desde la federación, se arrastran desde hace años y de hecho no es la primera vez que se ponen en conocimiento de las administraciones. Es más bien un «símbolo» para advertir de que en el último lustro no ha habido controles antitabaco por un conflicto entre la Junta y el Consistorio.Estas diferencias siguen latentes con la entrada en vigor de la nueva ley. El Consistorio afirma tajantemente que «la competencia en materia de inspección y sanción» es de la Junta y que cualquier denuncia se derivará a la Consejería de Salud. En ésta, sin embargo, se subraya que la responsabilidad es del Ayuntamiento aunque se haya mostrado disposición a asumir los controles este año ante el endurecimiento de la normativa y dado que en la ciudad no ha habido sanciones en cinco años. Pero para ello se debe habilitar un equipo de inspectores que aún no se ha contratado. Mientras esto ocurre, continuará el vacío legal.