La consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, quiso dejar hoy claro ante el Pleno del Parlamento que el acuerdo sobre la liquidación de la ‘deuda histórica’ mediante el traspaso a la comunidad de la titularidad de la empresa Agesa, heredera de los activos de la Expo 92, y de solares en varias provincias de la comunidad autónoma, es «absolutamente legal» y pidió a los partidos de la oposición «tranquilidad» porque se obtendrán «ingresos» por la venta de patrimonio.
Martínez Aguayo, que compareció en el Parlamento para informar del resultado de la reunión del pasado 26 de noviembre de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, en la que Junta y Estado cerraron un acuerdo sobre la liquidación de la ‘deuda histórica’. Al inicio de su intervención, hizo entrega de una copia del acta de dicha comisión a la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves.
La consejera lamentó no haber recibido apoyo de los partidos de la oposición ante este acuerdo, sino más bien «lo contrario». Defendió la legalidad del acuerdo, apuntando que es tan válido que hasta las deudas tributarias se permiten pagar mediante este procedimiento. «Es legal, nos permite liquidar y además no interesa», dijo la consejera, quien acusó al PP de no haber estado nunca a la altura de este asunto porque no ha ayudado ni un minuto, sino que sólo se han dedicado a «descalificar», mientras que dio la espalda a esta reivindicación cuando estuvo en el Gobierno central.
Sobre el contenido del acuerdo, la relación de derechos y propiedades se ha elaborado a iniciativa de la Junta y ha sido consensuada con la Administración del Estado», según comentó la consejera, que apuntó que los bienes que pasan a ser parte del patrimonio de la comunidad permitirán, por una parte, la gestión de todo el legado de la Expo 92, y por otra plantear actuaciones en el marco del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, y, finalmente ampliar las políticas de gasto social en educación y en sanidad. Precisó, no obstante, que lista de solares «es provisional y que se podría ver alterada, a través de su ampliación o sustitución de unos terrenos por otros, por lo que debe ser tomada con cautela». «Hasta que no estén las tasaciones bien claritas, aquí no se acepta nada porque estoy defendiendo el patrimonio de los andaluces», dijo.
Por su parte, el grueso de los terrenos, cuya propiedad se transmite en pago del importe de deuda pendiente, se dedicará, por una parte, el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, por otra parte a ser rentabilizado y hecho líquido y aplicado a las políticas sociales de sanidad y educación.
Martínez Aguayo explicó que la lista de suelos –que representan más de 3,3 millones de metros cuadrados en Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Sevilla– es provisional, y que podría ser más amplia, en función de la valoración definitiva que acuerde la Subcomisión creada al efecto el 26 de noviembre. En cualquier caso, dijo, en el acuerdo suscrito se incluye una relación de parcelas y terrenos, que servirán, «ya directamente, mediante su destino inmediato a la construcción de viviendas protegidas, ya indirectamente, como medio para la obtención de financiación de otras políticas de la Junta de Andalucía».
Destacó uno de los suelos más importantes que pasan a ser de titularidad autonómica, los que constituyen el conjunto de parcelas situadas en El Toyo I (128.104 m2 y 86.722 m2 edificables) y el Toyo II (una finca de 3.140.000 m2).
Para Martínez Aguayo en todos los terrenos que se traspasarán a la comunidad existen solares que permiten la edificación inmediata y suelos que precisan de un desarrollo y gestión urbanística. Será la empresa EPSA como ente instrumental de la Junta la encargada de llevar a buen fin este negocio jurídico, según dijo, se ha.
Insistió en que la «lista es provisional y que se podría ver alterada, a través de su ampliación o sustitución de unos terrenos por otros, por lo que debe ser tomada con cautela», y «aún de forma provisional, pendientes de la valoración definitiva de todas las propiedades que se van a transmitir a la Junta como pago final de las asignaciones complementarias de la Disposición Adicional Segunda».
Para Martínez Aguayo, la «rentabilización de la transmisión se destinará a vivienda, a sanidad y a educación, en el marco de la política general de la Junta, revirtiendo el pago de las asignaciones complementarias en toda la ciudadanía andaluza».
«TRAICIÓN HISTÓRICA»
Por su parte, el diputado del PP Antonio Sanz dijo que se ha producido una «traición histórica» a 30 años de ambición de la comunidad y reprochó a la Junta que demande ante la Cámara el respaldo a un acto de «liquidación fraudulenta» y a un «robo político» a Andalucía. Señaló que el acuerdo de la comisión es «ilegal» porque incumple el Estatuto de Autonomía y es una «indecencia y una tomadura de pelo sin precedentes».
Acusó al Gobierno haber «vendido la dignidad de los andaluces y el Estatuto de Autonomía a precio de saldo», ya que lo importante es no «molestar» a Rodríguez Zapatero. El Gobierno andaluz, según señaló, se ha convertido en «una simple agencia de la propiedad inmobiliaria». Advirtió de que el PP no da por liquidada la deuda histórica, sino que seguirá «viva» mientras no venga en dinero contante y sonante. El PP, según dijo, utilizará todos los resortes del Estado de Derecho para evitar esta afrenta al Estatuto y el «fraude» que se ha cometido. «El mejor favor que pueden hacerle a Andalucía es rectificar y regresar al Estatuto de Autonomía, del que hoy están fuera», sentenció.
El portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, empezó criticando que la información que facilitó la consejera hoy en el Parlamento haya «llegado tarde» porque todo está ya en los medios de comunicación y dijo que la cuestión es si a esta tierra le conviene cobrar en solares en un momento en que se deprecia el valor del suelo y cuando ni siquiera se puede decir si se acomoda su valor a los 784 millones que se adeudaban a la comunidad o «en dinero contante y sonante». El pago en solares, según dijo, ha sido una «estafa y un timo» a Andalucía, un «negocio» para el Gobierno, y la «sumisión» de la Junta, así como una «traición, un engaño y una tomadura de pelo».
«Lo que más conviene es en dinero contante y sonante», sentenció Valderas, quien puso de manifiesto que hasta la llegada del Gobierno de José Antonio Griñán jamás se habló de pago en solares o en especie. El Estatuto de Autonomía se está «incumpliendo», a su juicio, en su espíritu y en la letra. Dijo que el Gobierno andaluz está «rompiendo» el consenso estatutario, lo que hace complicado el acuerdo en otras materias importantes en el futuro.
El portavoz del grupo socialista, Manuel Gracia, empezó poniendo de manifiesto el «papelón» que ha tenido que asumir Antonio Sanz en el debate al defender el pago de la ‘deuda histórica’ cuando el anterior Gobierno del PP no hizo nada por resolver este asunto. Indicó que mientras el acuerdo para la liquidación de la ‘deuda histórica’ es motivo de satisfacción para el PSOE, para IU representa «perder una bandera» con la que promover movilizaciones o acudir a las vías jurídicas, al tiempo que estimó que el PP tiene «nulos argumentos» en esta materia, recordándole que «traición» no fue pagar la ‘deuda histórica’ en los ocho años que el PP estuvo en el Gobierno central.
En su réplica, la consejera de Economía dijo al PP que Agesa es algo más que un «cartelito» y es algo que Andalucía llevaba reivindicando desde hace mucho tiempo. «Lo he tenido que reclamar, lo he peleado y estoy contenta de haberlo hecho», sentenció.
