Justicia negocia que el traslado de los médicos de guardia lo hagan las empresas funerarias para reducir el gasto en taxis.Los recortes en los gastos de desplazamiento que desde hace nueve meses viene imponiendo la Consejería de Justicia afectarán también a partir de ahora a los médicos forenses que estén de guardia y tengan que acudir a un levantamiento de un cadáver. La Junta de Andalucía está negociando con la empresa Servicios Especiales S.A. (Servisa), que hasta ahora tenía el contrato para el traslado de los cadáveres, que también facilite el transporte a los forenses que deban acudir al mismo levantamiento. Se trata de una medida encaminada a reducir el elevado coste en taxis que suponen estos servicios para la Administración autonómica que, tan sólo en el 2008, gastó tres millones de euros en los taxis destinados a los desplazamientos de funcionarios y servicios de los órganos judiciales andaluces. Pero entre los 37 forenses que hay actualmente en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla el planteamiento de la Junta no ha sido recibido con buena gana.
En sólo nueve meses -los primeros recortes se iniciaron en septiembre de 2009, cuando la Junta inició la restricción del gasto en transporte privado- estos profesionales han pasado de ser trasladados en el vehículo oficial que estaba adscrito a los juzgados, a desplazarse en un taxi y, en breve, en el coche de la empresa de los servicios funerarios, algo que a alguno incluso les recuerda con cierto grado de humor a «las películas de Berlanga». Otros recuerdan que el forense es un funcionario al servicio de la Administración de Justicia y consideran que no debe tratárseles como un trabajador más de la empresa de servicios funerarios.La restricción de los taxis ya provocó, a finales de noviembre pasado, un primer incidente, cuando un forense de Sevilla tuvo que ser trasladado en un furgón de la Policía Nacional a practicar el levantamiento de dos cadáveres en la ciudad porque ninguno de los siete taxis que entonces tenía habilitado la Junta para los servicios judiciales estaba disponible. En este caso, la Policía sólo tuvo que llevar al forense y no al resto de la comisión judicial -compuesta por el juez y el secretario- porque se trataba de sendas muertes por causas naturales, en las que la ley permite que el levantamiento se efectúe con la única presencia del médico forense.El nuevo planteamiento del departamento que dirige Luis Pizarro para el traslado de estos profesionales se produce tras la implantación del nuevo sistema de guardias del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, en el que un mismo forense se encarga durante 24 horas de los levantamientos que se producen tanto en la capital como en la provincia. La idea consiste en que si se produce un fallecimiento en la vía pública u otro que requiera la práctica de una autopsia, como una muerte violenta, la empresa encargada del traslado del cuerpo -Servisa en este caso- hasta la sede del Instituto de Medicina Legal, los operarios de la funeraria recogerían al forense y se encargarían de llevarlo y traerlo.En la provincia de Sevilla hay días en los que un médico forense ha tenido que realizar hasta seis levantamientos en distintos puntos de la provincia por diferentes motivos. Una muerte natural por un infarto, un suicidio, un fallecimiento en un hospital o una sobredosis en la vía pública son algunas de las situaciones cotidianas con las que se encuentran los forenses sevillanos.Fuentes de la Consejería de Gobernación y Justicia explicaron ayer a este periódico que aún no se ha resuelto el concurso público que se anunció en abril pasado para el traslado de los cadáveres de la provincia. Actualmente este servicio lo lleva a cabo la empresa Servisa, a cuyo tanatorio de San Jerónimo se trasladó en enero pasado el servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla. La Junta y Servisa suscribieron un contrato por cuatro años, cuyo importe asciende a 359.832 euros y que incluye tanto las obras de acondicionamiento de la planta semisótano del tanatorio para uso del servicio, como los equipamientos y el alquiler de los 787,6 metros cuadrados de que disponen las nuevas instalaciones -200 metros más de los que tenían en la antigua sede junto a la Facultad de Medicina de Sevilla-.El concurso público que Justicia anunció en abril pasado tiene por objeto específico los «servicios de transporte y depósito de cadáveres que requieran la práctica de autopsias, necropsias y pruebas de investigación forense a realizar en las sedes del Instituto de Medicina Legal, tanatorios, y centros conveniados de la provincia de Sevilla». La duración del contrato sería de un año y el importe total, sin IVA, asciende a 30.840,42 euros.Aunque en el concurso no se incluye a priori el traslado de los médicos forenses, alguna de las empresas que optan al mismo ya han ofrecido a la Junta la posibilidad de incluirlos sin realizar ningún incremento en el coste del servicio contratado.
