La entrada en funcionamiento del juzgado de lo Penal número 14 sólo ha permitido reducir en un 1,53% las ejecutorias en trámite · El servicio común que prometió la Junta lleva más de siete meses paralizado.Ni la creación de un nuevo juzgado de lo Penal -el número 14, que entró en vigor a finales de diciembre pasado- ni el aumento de la tasa de resolución de asuntos por parte de los jueces han permitido normalizar la situación de las sentencias que están pendientes de ejecutar en Sevilla y que continúan encima de la cifra récord de las 12.000. Las últimas estadísticas facilitadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señalan que hasta marzo de este año los juzgados penales de Sevilla tenían 12.073 ejecuciones de sentencias en trámite, a pesar de que en ese trimestre se resolvieron 858 ejecuciones más de las que se registraron. En concreto, los 14 jueces de lo Penal ingresaron en el primer trimestre 2.137 ejecutorias de sentencias y finalizaron 2.995.Las 12.073 sentencias que estaban pendientes de ejecutar en Sevilla hasta marzo representan, no obstante, un leve descenso del 1,53% con respecto a las resoluciones en trámite al cierre del pasado año, cuando se alcanzó el máximo histórico hasta el momento de 12.261 sentencias por ejecutar.
Si se comparan estas estadísticas con las que se registraban a principios de 2008, cuando estalló el escándalo por los errores del caso Mari Luz -que permitieron que el pederasta Santiago del Valle siguiera en libertad a pesar de tener una condena firme por un juzgado de lo Penal de Sevilla-, las cifras son apabullantes: los 13 juzgados de lo Penal que había en esa fecha acumulaban 6.916 sentencias pendientes de ejecutar. Hoy son 5.345 sentencias más las que deben controlar los jueces, casi el doble.La media de ejecutorias de sentencias que tiene que controlar cada juzgado es actualmente de 875, muy por encima de los módulos que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera adecuados. El elevado volumen de ejecutorias. unido al trabajo diario que realizan los jueces -celebración de juicios varios días a la semana y la emisión de las correspondientes sentencias-, no ha hecho más que empeorar la situación, según han confirmado a este periódico algunos jueces consultados. La sensación de muchos magistrados y secretarios judiciales de que están «sentados sobre un polvorín» -una expresión que surgió tras el escándalo del caso Mari Luz en alusión a la posibilidad de que pudieran repetirse este tipo de errores- continúa hoy en la mente de los profesionales de la Justicia.En el primer trimestre de este año, los 14 órganos penales de Sevilla ingresaron 2.155 asuntos (a una media de 153,93 por cada juzgados) y resolvieron 1.580 (112,86 por órgano). Estas cifras representan que, con los asuntos que estaban en trámite a final de año, en la actualidad hay 6.722 asuntos pendientes de resolver en estos juzgados (480,14 de media por órgano).Entre enero y marzo de este año, los juzgados de lo Penal han dictado 1.505 sentencias y 63 autos, con una media por juzgado de 107,5 resoluciones y 4,5 autos, respectivamente.La falta de control de las ejecutorias puede tener otras repercusiones quizás de menor entidad pero no por ello irrelevantes, como, por ejemplo, la posible prescripción de algunas penas menores, la ralentización del pago de indemnizaciones a las víctimas o la demora en la devolución de fianzas personas que han sido imputadas y que finalmente fueron absueltas de los cargos.Algunos magistrados consideran que la solución al problema de la ejecutorias pasa por la creación de nuevos órganos judiciales y, de hecho, el Ministerio de Justicia y la Consejería ya han acordado la entrada en funcionamiento para este año del juzgado de lo Penal número 15. El incremento tan espectacular que se ha producido estos años con las ejecutorias obedece principalmente al endurecimiento de las sanciones en materia de seguridad vial, dado que ahora se castigan con penas de prisión infracciones que antes sólo recibían una sanción administrativa.
