El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar en su reunión de hoy, la última de 2009, los proyectos de Ley de Autonomía Local y de participación de los entes locales en los tributos de la comunidad, de manera que serán remitido al Parlamento antes de que finalice el año, según informaron a Europa Press fuentes de la oficina del Portavoz del Ejecutivo. Además, el consejero de la Presidencia, Antonio Ávila, comparecerá ante los medios de comunicación tras la reunión para hacer un balance de la acción del Gobierno durante 2009.
Con la aprobación de los dos proyectos de Ley el martes, el Gobierno andaluz cumple con su compromiso de que las leyes locales estarían en el Parlamento antes de que acabara 2009, de manera que empiecen a tramitarse en 2010 y puedan ser definitivamente aprobadas en sede parlamentaria antes de que finalice el mes de junio.
La aprobación de los proyectos de Ley por el Consejo de Gobierno se produce después de que hayan pasado un análisis, durante unas dos semanas, en el Consejo Consultivo de Andalucía, cuyo pleno emitió informes favorables por unanimidad en relación con ambos textos.
Como se recordará, el pasado 6 de octubre, el Consejo de Gobierno acordó iniciar la elaboración de las dos leyes que reforzarán la capacidad de autogobierno, las competencias y la financiación de los 771 municipios de la comunidad, como son la de Autonomía Local, que recogerá 29 competencias propias de los ayuntamientos y la posible delegación o transferencia de otras desde la Junta, y la de participación de los entes locales en los tributos de la comunidad autónoma, a través de un fondo de carácter incondicionado.
La futura Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula), establece una nueva arquitectura municipal en la comunidad al fijar las competencias propias de ayuntamientos y diputaciones y otorgarles mayor capacidad de autogobierno. El nuevo marco legislativo establece que municipios y provincias constituyen un mismo nivel de gobierno. Además, consagra al municipio como un ente autónomo de pleno derecho y titular último en su territorio. Así, el gobierno local pasa de ser mero administrador a tener capacidad de definir y ejecutar políticas públicas propias y diferenciadas. Con este objetivo, se fijan las competencias propias tanto de los consistorios como de las diputaciones y la ley constituye la garantía para el ejercicio de las mismas.
Las competencias propias de los ayuntamientos serán un total de 29, más de las que se recogen en la Ley de bases de Régimen Local, según expuso el consejero, que añadió que además el texto legislativo establecerá el procedimiento de transferencia y delegación de competencias desde la Junta a consistorios y garantizará que este proceso se realiza junto con los recursos necesarios. Cualquier proceso de ese tipo que se abra, según expuso, será fruto de la negociación con el ayuntamiento en cuestión o con los ayuntamientos, apuntando que en el caso de transferencia de competencia se hará mediante ley y, de delegación de competencia, a través de decreto.
En cuanto a la futura Ley reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma, fijará la colaboración financiera con los municipios andaluces, así como los criterios de distribución y evolución de los mismos, sobre la base de los principios de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional. La colaboración financiera se llevará a cabo a través de la creación del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad, que comenzará a aplicarse en 2011 y que tendrá carácter incondicionado, esto es, respetará la autonomía de los municipios para decidir el destino de los recursos que reciban.
Este fondo, que tendrá una cantidad concreta en la Ley, también lo será de nivelación, ya que las partidas se distribuirán en función de unas variables de necesidad y de capacidad fiscal basadas en indicadores contrastables. De este modo, como variables de necesidad de gasto, se tomarán en cuenta la población, la superficie y el grado de dispersión urbana de cada municipio, mientras que las de capacidad fiscal harán referencia a sus principales fuentes de ingresos propios.
Dada la gran diversidad territorial de los municipios andaluces, sus necesidades específicas y su elevado número (771), el fondo se asignará primero por tramos según la población y después se repartirá en detalle atendiendo a las citadas variables. No obstante, la ley incluirá una cláusula de garantía de ‘statu quo’ para que todas las entidades locales reciban, como mínimo, una financiación incondicionada superior a la que ya obtienen actualmente, según explicó la consejera.
La dotación total del Fondo evolucionará conforme lo hagan todos estos ingresos tributarios. Además, se llevará a cabo una actualización anual de los valores que definen las variables de necesidad y capacidad fiscal de los municipios. Por último, la ley contendrá un reconocimiento explícito del principio de lealtad institucional, con el compromiso de la Junta de valorar el impacto que las modificaciones normativas de la comunidad puedan tener sobre la dotación del fondo para, si es necesario, establecer las correspondientes compensaciones
