La Junta de Andalucía espera multiplicar por tres en 2010 el número de actuaciones por incumplimientos derivadas de no presentar declaraciones tributarias, pasando de las 906 actuaciones en 2009 a las 3.000 actuaciones previstas para 2010.
Según indicó la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, en una comparecencia en comisión parlamentaria, este año entró en funcionamiento la Agencia Tributaria andaluza, entre cuyos objetivos se encuentra «prevenir y corregir el fraude fiscal».
De esta forma, tras reconocer que «no hay ningún gobierno que haya erradicado por completo del fraude fiscal», la consejera consideró que «hay que ser realistas» y apostó por «prevenir y reducir o corregir el fraude fiscal, elevando el grado de conciencia fiscal de los ciudadanos».
«Hay que hacer un esfuerzo de pedagogía social y explicar que los impuestos no son una maldición divina ni un capricho de gobernantes, sino parte de las obligaciones de un contrato social en el que se obtienen derechos y obligaciones», aseveró la consejera, quien insistió en la necesidad de «facilitar al máximo el cumplimiento de las obligaciones tributarias; sólo contribuir da derecho a exigir».
En esa línea, la consejera, que recordó que el fraude o incumplimiento se produce por tres formas, esto es, ausencia de declaración, presentación de declaraciones inexactas y dejar de ingresar cantidades adecuadas, abogó por medidas de información ante la ausencia de declaración, y recordó «hitos» como el censo único compartido o la mejora de las alianzas y de la cooperación interadministrativa.
En ese sentido, la Junta se comprometió a suscribir convenios de colaboración con las administraciones tributarias locales, diputaciones y ayuntamientos e incluso reutilizará para fines tributarios la información de que dispone la Junta, como el SIGPAC agrario.
ORDENES PARA PROPICIAR EL CRUCE DE DATOS
«Los ingresos de la Junta son el corazón del funcionamiento de la Administración», resaltó la consejera, quien anunció, asimismo, que para reforzar la capacidad de obtención de información, tiene prevista para el primer semestre de 2010 la publicación de dos órdenes que regularán dos suministros de información «que ya están legalmente establecidos pero que no estarán plenamente operativos hasta que se regule su contenido concreto y los correspondientes diseños lógicos y físicos, que afecta a los registradores de la propiedad y las cajas de ahorros que realizan subastas de bienes muebles».
Precisó que con esta información disponible «se podrá constatar si se han cumplido las obligaciones, cruzando información con las autodeclaraciones presentadas, y si no se han cumplido, adecuar la gravedad o tipología del incumplimiento con el mecanismo de control utilizado».
AUTOLIQUIDACIONES Y ‘VENTANILLAS ÚNICAS’
La consejera apuntó como otra novedad en esta materia el hecho de que «hasta la fecha la investigación de los supuestos de falta de presentación de las autoliquidaciones se realizaba exclusivamente por los órganos de inspección, mientras que ahora se empezará a utilizar de forma generalizada para los incumplimientos de menor trascendencia económica el control de la presentación de las autoliquidaciones, un procedimiento de control sencillo, barato y masivo».
Asimismo, la Agencia Tributaria andaluza mejorará la asistencia para ayudar a confeccionar la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones, según resaltó la consejera, quien anunció que este año se desarrollará la vía telemática y esperar cerrar en 2010 los primeros convenios para crear las llamadas ‘ventanillas únicas’ en colaboración con la Agencia Tributaria estatal y las diputaciones.
La consejera recordó que las agencias tributarias andaluza y estatal tienen que firmar un convenio para poner en marcha el consorcio .
Asimismo, en la lucha contra el fraude, la consejera resaltó que se incidirá en la propia planificación «pues hasta ahora el control sólo recaía en labores de inspección y ahora se extiende a actuaciones de gestión y recaudación», se impulsarán mecanismos de coordinación interna dentro de la agencia y se iniciará la aplicación del procedimiento sancionador en el ámbito de la gestión, «cuando antes sólo se reservaba en el área de inspección».
JUNTA, SIN PLAN PARA COMBATIR LA ECONOMÍA SUMERGIDA, SEGÚN IU
Por su parte, el diputado de IU Pedro Vaquero valoró las labores de «información y pedagogía» pero reclamó un «esfuerzo importante» en economía sumergida, de forma que «la agencia andaluza debe contemplar sanción y control riguroso en áreas como paraísos fiscales o ‘sicav'».
Vaquero, que quiso expresar su voto hacia la Agencia Tributaria andaluza en este terreno, se lamentó, no obstante de que la Junta andaluza «no tenga ningún plan contra la economía sumergida, y eso es algo preocupante».
«La economía sumergida es una realidad que debemos combatir de forma más proactiva e incisiva, no sólo con la Agencia Tributaria sino con la administración laboral, pues hay mucho inmigrante ‘desaparecido’ y en el terreno laboral y fiscal hay mucho aprovechado», aseveró el dirigente de IU.
Fuente: Europapress.es