El consejero de Empleo, Antonio Fernández, anunció hoy que acaba de recibir el documento del primer borrador de la Ley andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo, que deberá ser debatido con organizaciones de autónomos y agentes sociales y que supondrá «otorgar un marco normativo estable y sólido para desarrollar y promocionar el trabajo autónomo».
Este anuncio fue efectuado por Fernández durante la celebración de la jornada ‘El trabajo autónomo ante los retos de futuro’, organizada en Sevilla por UPTA-A, donde precisó que este borrador supone «el cumplimiento de un compromiso» y había sido entregado 24 horas antes, tras ser redactado por un equipo dirigido por Jesús Cruz Villalón.
Recordó que tras su debate con el sector, el borrador «pasará a tener un carácter definitivo y con rango de ley».
El consejero asimismo destacó el hecho de que la Junta «ha sido capaz de desbloquear el pago de los incentivos para los autónomos del año 2009», de forma que se han abonado más de 21 millones de euros destinado a incentivos para emprendedores en el sistema de autónomos.
Anunció en ese sentido que ya está preparada la nueva orden reguladora para 2010, con una previsión económica de en torno a 50 millones de euros y que supone el desarrollo de lo marcado en el VII Acuerdo de Concertación Social.
Precisó que esta nueva orden de ayudas de nuevo contemplará iniciativas para promover la creación de autónomos, «pero incidirá fundamentalmente en el mantenimiento de la figura del autónomo, a través de la figura de avales en colaboración con el sistema financiero».
El consejero recordó que en Andalucía existen más de 474.224 autónomos, que representan más del 16 por ciento del conjunto de afiliados al sistema de la Seguridad Social en Andalucía, tras lo que resaltó la «enorme importancia cuantitativa y cualitativa de este colectivo en nuestra economía».
Apuntó que «a pesar de la situación de crisis, entre 2006 y 2009 la Comunidad no se ha perdido autónomos y el sector ha crecido en efectivos en más del 3,94 por ciento, crecimiento que supera a la media nacional». Reconoció asimismo la existencia de una caída del sector en los últimos meses «pero también fue un descenso inferior a la media nacional».
Asimismo, quiso destacar la fuerte incidencia de las mujeres dentro del conjunto de autónomos, de forma que «se produjo un crecimiento de iniciativas de mujeres autónomas del 9,89 por ciento, frente a un crecimiento del 1,25 por ciento en los hombres».
DE ESTATUS A RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, reconoció que el colectivo de autónomos «tenía un estatus pero no tenía derechos reconocidos», de forma que «con la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo se construye el camino para tener más derechos».
Asimismo, consideró que la futura Ley de reconocimiento de cese de actividad de los autónomos «no será una respuesta a la actual situación de crisis, pero sí marcará el camino para salir de ella».
El ministro indicó que el Gobierno seguirá trabajando en la Ley de cese de actividad para los autónomos, para que se vaya cumpliendo el desarrollo de la ley, tras lo que apuntó que «habrá un antes y un después de la crisis, no todo será igual, pero no debe ser necesariamente la situación peor y de la crisis sacaremos alguna experiencia».
Por su parte, el secretario general de UPTA España, Sebastián Reyna, consideró que «en estos momentos más que nunca los autónomos tienen como objetivo mantener el trabajo y el negocio», tras lo que apuntó que este colectivo «aportará su solución a la crisis trabajando y manteniendo el negocio y nuestras rentas familiares».
«No tenemos la solución, pero sin nosotros no habrá solución», aseveró Reyna, quien abogó por «redoblar esfuerzos y el sacrificio que siempre ha tenido el colectivo, por lo que vamos a demostrar que somos capaces de dar respuesta a la crisis, con la ayuda de colectivos sociales y de las administraciones».
Reconoció que los momentos actuales «son muy complicados, con leyes y proyectos de leyes que afectan a cada uno de los sectores, con normativas autonómicas y estatales que van a afectar al futuro de nuestras actividades», lo cual ha derivado en normativas «positivas y negativas para nuestro colectivo».
Fuente: Europapress.es
