La plantilla de la sociedad mixta Mercasevilla, según lo acordado por la asamblea de trabajadores, celebrará hoy una manifestación desde la plaza de La Encarnación hasta la Puerta de Jerez para defender la naturaleza pública de los servicios de la empresa y reclamar «soluciones» a la situación que atraviesa la compañía, investigada por un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales e irregularidades en un concurso público y cuyos pasivos podrían superar los once millones de euros.
El presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez (CCOO), informó a Europa Press de que
después de que inicialmente se fijase esta movilización para el día 22 de febrero, se pospuso a hoy para que los trabajadores se sumasen a la manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios contra la reforma del sistema público de pensiones. Así, la manifestación de la plantilla de Mercasevilla partirá a las 18,00 horas de la plaza de La Encarnación para sumarse a esta movilización en torno a las 19,30 horas en la Puerta de Jerez.
Domínguez ya había mostrado la «preocupación» que reina en la plantilla ante el resultado de la auditoría externa elaborada por la consultora ‘Deloitte’, porque el informe revela que el ejercicio 2008, cuando la directiva de Fernando Mellet repartió dividendos de 258.000 euros, arrojó en realidad pérdidas que superaron los 1,5 millones de euros mientras los pasivos de la empresa podrían superar los once millones de euros.
Entretanto, el Juzgado de Instrucción número seis continúa investigando tanto el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Mellet y Daniel Ponce, como las posibles irregularidades del concurso público mediante el que se adjudicó a Sanma –filial del grupo Sando– los derechos de opción de compra de los suelos del antiguo mercado central pese a que el grupo Noga concurría con una oferta superior.
Además, sigue la incertidumbre en cuanto a la financiación de las prejubilaciones de los cerca de 40 empleados acogidos al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, dado que su coste se eleva a unos nueve millones de euros y aunque la Consejería de Empleo figura en la documentación, no existen pruebas que la involucren en los pagos.