La sociedad de juristas ’17 de marzo’ consideró hoy «desproporcionado» y «represivo» el auto judicial que decreta el ingreso en prisión provisional del joven kurdo de nacionalidad siria detenido en Sevilla después de arrojar un zapato de gran talla contra el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, cuando éste abandonaba el Consistorio hispalense.
En un comunicado, el colectivo señaló que la decisión judicial de decretar la prisión provisional para Hocman Joma constituye una «medida represiva» que «lesiona el derecho a la libertad del artículo 17 de la
Constitución Española, en clara contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional».
Conforme a este Alto Tribunal, la prisión provisional es una medida «excepcional», en cuanto supone el ingreso en prisión de una persona cuya culpabilidad aún no ha sido probada. Por ello, reserva la medida «a los casos en que haya indicios claros de haberse cometido un delito muy grave y exista riesgo de fuga expreso, sin que pueda utilizarse por motivos políticos o como sanción».
Frente a ello, el auto de ingreso en prisión cita entre las motivaciones la «repercusión internacional» del asunto, contradiciendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que expresamente «ha declarado la inconstitucionalidad de utilizar la alarma social de un asunto como justificación de una medida de prisión provisional».
Para el colectivo, destaca también la «desproporción y la poca consistencia de los numerosos delitos que se le imputan a Hocman Joma», porque se le acusa de delitos «contradictorios entre sí y que podrían implicar su entrada en prisión por un elevado número de años, para aumentar la apariencia de gravedad y justificar un ingreso en prisión jurídicamente infundado».
El auto judicial, así, «obvia que se trataba de una persona desarmada, rodeada de policías y guardaespaldas, reducida de manera fulminante y sin posibilidad de resistencia alguna, del mismo modo que obvia también la ausencia de lesiones o denuncias por parte de los policías implicados».
El resto de imputaciones, según la defensa del joven, «no resultan menos estrafalarias y dan la impresión de que obedecen antes a la intención política de proyectar una imagen de dureza frente a los hechos que al respeto escrupulosos de las normas penales vigentes».
Así, se le imputa un delito de injurias, agravado por tratarse de una personalidad internacional, que «no sólo resulta técnicamente muy discutible, sino que habría de ser igualmente aplicable a todos los que, como ha hecho este activista, llamaron ‘criminal’ a anteriores presidentes del Gobierno español». El auto, a juicio del colectivo, «está relacionada con el deseo político de contentar al gobierno turco en un asunto relacionado no tanto con la dignidad de su primer ministro, como con el estatus del pueblo kurdo en Turquía».