Los fondos eran para un trabajo de la Universidad de Sevilla sobre condiciones laborales.Tres profesores de la Universidad de Sevilla han aceptado seis meses de cárcel por apropiarse de las becas de ocho alumnos, por un importe total de 82.406 euros, destinados a financiar un trabajo sobre las nuevas condiciones de trabajo en Europa.Los condenados son M.P.P., profesor de la Facultad de Derecho; su esposa E.R.P., también enseñante; y B.P.R., profesor de la facultad de Económicas, acusados de apropiarse de 82.406 euros que debieron recibir ocho becarios entre 2000 y 2003, además de otros 11.979 euros del proyecto al que estaban asignados, un estudio de la UE sobre la nueva organización del trabajo en Europa y que coordinaba la Universidad sueca de Goteborg.
Fuentes del caso informaron ayer a Efe de que el juicio contra los tres acusados estaba previsto en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, pero no llegó a celebrarse porque los procesados indemnizaron a los alumnos, reconocieron los hechos y aceptaron seis meses de cárcel cada uno. Dos de los alumnos renunciaron a la indemnización antes del juicio, han precisado las fuentes.No obstante, el juicio se celebró solo en lo referente a la inhabilitación para ejercer como profesor universitario, que el fiscal fijó en seis meses y la defensa de los acusados solicitó eliminar por entender que los hechos delictivos no guardan relación directa con la labor docente.La petición del fiscal incluye una multa de 10 meses con cuota diaria de 12 euros, que equivale a 3.600 euros, añadieron las fuentes, que han precisado que la Fiscalía rebajó en el juicio su petición inicial de cuatro años de cárcel y otros tantos de inhabilitación a seis meses. La acusación particular, que finalmente se retiró del caso al ser indemnizada, había pedido inicialmente seis años de cárcel a cada procesado.El escrito de acusación del fiscal explica que los acusados acordaron verbalmente con los becarios una asignación mensual de 300 euros, pese a que las bases de las ayudas preveían una retribución de 1.322 euros al mes en la primera anualidad y 1.520 euros en las dos sucesivas. El escrito contiene duros calificativos hacia el «apetito desenfrenado y voraz de lucro ilícito» del principal acusado, que dejó a uno de los becarios sin 480 euros que le llegaron por otro concepto.Según el fiscal, los tres acusados «pensaron, desde el principio, hacer suyos los 164.348 euros» previstos en el proyecto para los becarios y elevaron una consulta a la Universidad, que les respondió que la partida de personal solo podía destinarse a becarios y que el trabajo de los profesores no era subvencionable, al ser personal de la Universidad.Según el fiscal, idearon un plan consistente en abrir cuentas bancarias compartidas con los becarios para ingresar en ellas el importe de la beca. Los becarios, recién titulados en Derecho y Estadística, dejaron de percibir entre 8.114 y 26.081 euros.
