Los residentes irrumpieron en el año 2005 en un bloque de pisos para reclamar la rehabilitación de sus viviendas de renta antigua.Un grupo de vecinos de la barriada sevillana de San Bernardo ha iniciado, con el apoyo de la liga de inquilinos La Corriente y la coordinadora de Barrios en Lucha, una recogida de firmas contra la situación de cuatro de las familias que en 2005 ocuparon un bloque de viviendas en el número 52 de la calle San Bernardo para reclamar la rehabilitación de sus viviendas de renta antigua, y de cuyo posible desalojo alertan ahora los residentes.
El portavoz de los afectados, Antonio Buenavida, indicó a Europa Press que actualmente cuentan con varios centenares de apoyos, dado que en la causa también se han implicado «pequeños partidos políticos de izquierda, movimientos sociales y asociaciones de derechos humanos». Los vecinos darán a conocer su situación en una rueda de prensa que harán coincidir con «un acto vistoso y espectacular». Según expuso Buenavida, de la decena de familias que llevaron a cabo la protesta inicial, cuatro ya tienen un contrato de realojo temporal, una volverá a su antigua vivienda ya rehabilitada y otra está en negociaciones con la propiedad. La Oficina Técnica de Atención al Inquilino en Situación de Abuso (Otaínsa), dependiente de IU, «quiere desahuciar a las cuatro familias restantes», dice Buenavida. «El Ayuntamiento no ha sabido encontrar soluciones adecuadas a nuestras reivindicaciones, y la postura que mantienen es la de la cerrazón, usando la vía administrativa, que tiene muy poco recorrido», subrayó el portavoz, que se mostró convencido de que «con poco que se actúe por parte de los políticos la solución sería satisfactoria». Los vecinos quieren garantizar la suspensión de la amenaza de desalojo, así como crear una mesa de negociación y que se dé una solución definitiva a las diez familias como colectivo, «ya que en estos cinco años han demostrado su unión y su rechazo a soluciones parciales y fragmentarias».Los servicios jurídicos de la inmobiliaria Prasa retiraron en 2005 la denuncia interpuesta una vez que se rubricó con la Gerencia de Urbanismo el acuerdo por el que las 15 viviendas del número 52 de la calle San Bernardo pasaron a titularidad pública.
