La Junta creará un registro de licitadores para agilizar y reducir los costes de la burocracia en los contratos públicos, y además modificará a un sentido positivo el silencio administrativo para el caso en que la Administración no resuelva las solicitudes de inscripción en el plazo de tres meses.
Estos aspectos fueron destacados en el informe del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía sobre el ‘proyecto de Decreto por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados’.