Al menos tres empresas dicen que el Ayuntamiento no les reconoce el pago por servicios prestados.También hay quejas de los compradores de aparcamientos.El informe anual del Defensor del Ciudadano, institución que encabeza Francisco Romo, es un tirón de orejas en toda regla al Ayuntamiento en muchas cuestiones cruciales para la vida de los sevillanos. Desde la posible ilegalidad de las denuncias por aparcamiento en zona azul, a la falta de reconocimiento de pagos a acreedores, salen a la luz en el documento al que ha tenido acceso ABC y donde se denuncia que el Gobierno local no ha tenido el debido celo en el seguimiento de las obras ejecutadas en la ciudad y en las que se detectan importantes fallos de todo tipo.También se advierte de la peligrosidad de elementos como señales y bolardos, recomendando explícitamente la sustitución de los separadores rígidos del carril bus en la avenida de San Francisco Javier y la modificación de los que se han colocado tras la reurbanización para el sentido único en Luis Montoto.
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El letrado demostró que no era culpable de los hechos que se le imputaban pues pasó «prácticamente entera la mañana en las oficinas del Defensor del Pueblo andaluz».El abogado Fernando Osuna ha ganado a Lipasam un pleito en el que un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla ha anulado la sanción de 120 euros que la empresa municipal de limpieza le impuso a él mismo por haber arrojado papeles a la calle, en una resolución que declara que Lipasam no tiene facultades para multar a los ciudadanos, puesto que sus empleados son personal laboral y no tienen la condición de autoridad.