Una vez culminada la Reconquista (1492), los Reyes Católicos quisieron reorganizar todo lo relacionado con la acuñación de monedas y decidieron que sólo siete cecas de las que operaban en España prosiguieran su actividad. Una de las elegidas fue la Casa de la Moneda de Sevilla, que cambió su ubicación para estar más cerca del Guadalquivir, y por tanto, de lo que llegaba de las Indias. Así las cosas, las nuevas dependencias se levantaron concretamente en las huertas de las Atarazanas, entre la Torre del Oro y la Torre de la Plata, trayecto que era recorrido a diario por los mercaderes más acaudalados.
Y justo allí, los metales más preciados eran convertidos en marcos y doblones para el sostenimiento de la economía española… y mundial, pues no hay que olvidar que eran tiempos de continuos descubrimientos en América. Ya en el siglo XVIII, fue reformada profundamente por el arquitecto Sebastián Van der Borcht, quien mejoró su aspecto exterior (le incorporó la gran portada que hace las veces de acceso principal) y acabó con los problemas estructurales y y de filtraciones derivados del terremoto de Lisboa.
La Casa de la Moneda de Sevilla tuvo una actividad frenética hasta el siglo XIX, pero a partir de entonces fue perdiendo vitalidad progresivamente. De hecho, en 1868 dejó de tener una función fabril y fue dividida en tres partes, las cuales fueron vendidas a sendos particulares: Ildefonso Lavín, José Marañón e Inocencio Ocho. Sólo una década más tarde quedó en manos de un único propietario, que llevó a cabo reformas integrales para darle un uso residencial. Sin embargo, pronto sus instalaciones fueron abandonadas y hubo que esperar hasta bien entrado el siglo XX para que se iniciara una restauración que perseguía recuperar su fisonomía original. Desgraciadamente, las últimas obras a las que ha sido sometido el edificio han generado muchísima polémica. Tanto es así que la Junta de Andalucía acusa al arquitecto de un delito contra el patrimonio histórico por “alterar gravemente” su estructura y levantar un ático inexistente.
El detenido denunció a la Guardia Civil que le habían robado el bolso a su esposa por el procedimiento del «tirón», comprobándose posteriormente la falsedad de este hecho.Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Mairena del Aljarafe (Sevilla) han detenido a tres personas, las cuales habían simulado robos y, además, habían intentado estafar a sus compañías de seguros.En un comunicado de prensa, la Benemérita ha señalado que en uno de los casos ha investigado el robo de una caja fuerte en el interior del domicilio de los padres del denunciante, que alegó que unos desconocidos le habían sustraído cierta cantidad de joyas, tras entrar en la casa de sus padres por el «procedimiento del resbalón».
La muestra, que estará hasta el lunes, denuncia la trata de personas a través de 21 maniquíes.El pasado lunes comenzó en la Plaza Nueva la exposición Esclavas del siglo XXI, un proyecto que permanecerá en la ciudad hasta el 25 de octubre y que fue concebido para la Campaña Corazón Azul contra la Trata de Personas, promovida por las Naciones Unidas, y organizada por el Ministerio de Igualdad, el Consistorio hispalense y la Diputación pronvincial de Sevilla.En la exposición se dan a conocer, a través de 21 maniquíes y un contenedor industrial, iguales a los que se utilizan a veces para el transporte de las mujeres, las fases de la trata, el perfil de la víctima, las causas y las consecuencias de esta forma de esclavitud. 20 de los maniquíes aparecen desnudos y delimitados con una cinta plástica usada habitualmente para balizar, en la que se puede leer Human Trafficking.
El colectivo de vecinos de San Juan de Aznalfarache que elevó a la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico las molestias ocasionadas por el tramo del metro que atraviesa la vaguada que, a su vez, separa la barriada de Virgen del Rocío y la urbanización Cornisa Azul, en los accesos y salidas de la estación Barrio Alto del metropolitano, ha aportado nueva documentación a las diligencias incoadas en torno al caso.Después de que, en base a la documentación depositada por este colectivo, la Fiscalía incoase unas diligencias informativas, los afectados han entregado hora al Ministerio Público un reciente mapa de ruidos que probaría que los niveles de decibelios que padece la zona «sobrepasan los establecidos como límite» por la Ley estatal del Ruido promulgada en 2003 o la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como el Reglamento de Protección Acústica de Andalucía.