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Pocas cosas son tan frustrantes e incómodas como tener que pagar a un gorrilla por el simple hecho de estacionar en la vía pública. Los hay simpáticos y bordes, comprensivos y arrogantes, educados y maleducados, sevillanos y foráneos, pero el caso es que todos suponen un problema. En zonas como Bami, Macarena, Torneo o Nervión, el problema ha llegado a convertirse en una cuestión perentoria y el Ayuntamiento pretende atajarla cuanto antes a sabiendas de que no será una empresa fácil.

Pero como se suele decir, lo prometido es deuda. Durante la campaña electoral, Juan Ignacio Zoido insistió en que tendría  “tolerancia cero” con los aparcacoches ilegales si era elegido alcalde y ahora quiere cumplir su palabra pasando a la acción. De hecho, recientemente se hizo público que, gracias a la instalación de un nuevo programa informático, la Agencia Tributaria ya había tramitado un total de 288 multas a gorrillas denunciados por la Policía Local en los dos últimos meses tras haberse aplicado la Ordenanza Municipal de Medidas para el Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana, conocida popularmente como ‘Antivandálica’.

Obviamente, estas primeras sanciones sólo simbolizan el comienzo de un intenso cerco a los gorrillas, que hasta ahora habían operado con total impunidad y con la sensación de que nada ni nadie les podía frenar. Puede que a partir de ahora se lo piensen dos veces o puede que no. El tiempo dirá. Pero en lo que todo el mundo coincide es que era necesario hacerles saber a los gorrillas que su aura de invulnerabilidad tiene fecha de caducidad y que esa especie de coacción rutinaria que se repite como un bucle en las zonas más céntricas y transitadas de la ciudad debe extinguirse como una llama en al agua por el bien de la ciudad.

Porque a decir verdad, en estos tiempos que corren, con la crisis acuciando, el desempleo subiendo y el precio del carburante en máximos históricos, a nadie le sobran euros para regalárselos a los gorrillas por un servicio ficticio e innecesario.