La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, justificó hoy la postura de su departamento en cuanto al caso de Alejo Pozo, padre al que le retiraron en 1999 tres de sus cuatro hijos justificando que la madre de estos, hoy día fallecida, era drogodependiente, lo que según la Junta «implicaba un riesgo para los menores».
En declaraciones a Europa Press, Navarro manifestó que si el Gobierno andaluz tomó esa decisión en su momento fue porque «aplicó el sistema de protección de menores», ya que, según dijo, «la Junta no le quita los hijos a nadie, sino que trabaja para intentar proteger los derechos de los menores por encima de cualquier circunstancia».
Así, también se refirió al recurso de casación elevado al Tribunal Supremo (TS) por el abogado de Alejo Pozo, Gabriel Velamazán, en el que reclama 1,5 millones de euros de indemnización por todo el proceso y no 60.000 euros como se dictaminó en la última sentencia dictaminada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), sentencia en la que a Velamazán le parece «inadmisible que no se explique el motivo de dicha cuantía», según manifestó en rueda de prensa esta misma semana.
