El Ayuntamiento de Sevilla está a la espera de que un informe que actualmente elabora su Secretaría General resuelva si, finalmente, es posible aplicar a las plantillas de sus empresas públicas el real decreto Ley promulgado por el Gobierno central para reducir el déficit de las administraciones públicas, medida que en el ámbito del Consistorio hispalense implica una rebaja salarial de entre el 0,06 y el 10,55 por ciento para 5.459 funcionarios o miembros del personal laboral. El alcalde de Sevilla, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, recordó ayer en declaraciones a los medios de
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Profesores de la Hispalense se movilizan para que se convoque un claustro extraordinario con el fin de debatir el ‘tijeretazo’ del Ejecutivo de Zapatero.Enseñar en España vuelve a ser sinónimo de llorar. El tijeretazo del Gobierno afecta también a la comunidad universitaria y los representantes sindicales de las dos universidades sevillanas ya ponen la voz de alarma ante la «importante reducción» del nivel adquisitivo de un gremio que se siente incomprendido.La variedad de contratos y escalas en el ámbito de la docencia superior hacen difícil establecer un denominador común. Sin embargo, el delegado sindical de la Universidad Pablo de Olavide, Pablo Revilla, calcula que un profesor titular medio puede llegar a dejar de percibir este año unos 2.000 euros, lo que supondría una rebaja de su capacidad adquisitiva de un 7%. Revilla defiende que los catedráticos (dependiendo siempre de su antigüedad y de su productividad) dejarán de percibir hasta 4.000 euros.
El gobierno aprueba un recorte salarial a partir de junio de una media del 4,2% para cumplir el decreto del Estado · Anuncia una subida de los títulos de viaje de Tussam para equipararlos a los del Consorcio.Un bajada de sueldo para los funcionarios desde junio y el anuncio de una subida de los billetes de Tussam a partir de 2011. La aplicación local del decreto de José Luis Rodríguez Zapatero contra el déficit público supone que los 5.459 funcionarios del Ayuntamiento sufrirán un recorte en sus nóminas de una media del 4,2%. Un índice, por el momento, que se sitúa por debajo del 5% que dicta el real decreto, aunque el gobierno ya ha precisado que el cumplimiento de esta nueva norma se hará «a rajatabla».