Los vecinos de la calle sevillana Manuel Arellano afectados por las obras del parking de Crucero Baleares, en Ronda Triana, se reúnen hoy a las 20,00 horas con su representación legal para decidir si presentan un recurso judicial contencioso-administrativo al haber encargado dos nuevas mediciones topográficas tras el terremoto sufrido a finales del pasado año –y que propició caída de piedras en el inmueble– y arrojar éstos como resultado el movimiento del edificio en hasta un centímetro y medio en algunos puntos de la
construcción.
En declaraciones a Europa Press, el abogado de los vecinos, Enrique Yrazusta, indicó que, asimismo, han recibido notificación oficial sobre la resolución del Ayuntamiento de Sevilla respecto a la reclamación patrimonial por valor de 1,2 millones de euros interpuesta por vía administrativa, y que el Consistorio resuelve negativamente bajo la argumentación de que satisfacer esta petición no es competencia de la corporación local.
En este sentido, Yrazusta indicó que el Ayuntamiento declara la responsabilidad de la constructora en los daños por una ejecución «negligente» de la obra, apuntando entre otros aspectos al «deficiente» apuntalamiento de las pantallas.
Asimismo, la comunidad de vecinos ha recibido esta semana un burofax de la constructora en el que, según expuso a Europa Press la portavoz vecinal, Concepción Sánchez, «nos comentan que estaban haciendo actuaciones en el marco de lo acordado con el Ayuntamiento y que pretenden comprobar si existen movimientos en el edificio con mediciones topográficas, lo que personalmente desconocemos».
«Tienen dificultades y nos instan a que les dejemos entrar en nuestros domicilios con unas formas que constituyen el verdadero problema», subrayó Sánchez, que aludió a la «amenaza» que para los residentes supone que la empresa diga que «no permitirles la realización de estos trabajos puede tener decisiones jurídicas relevantes». Así, la portavoz vecinal aseguró que desconocen los acuerdos y las intenciones de la constructora, cuyo tono ven «desproporcionado».
Por parte del Consistorio, el concejal de Movilidad, Francisco Fernández (PSOE), ya señaló a Europa Press que, en todo caso, es a la empresa constructora y a las tres aseguradoras vinculadas a la habilitación del parking –la de la propia constructora, la del aparcamiento y la de la empresa de pantallas– a las que corresponde determinar la idoneidad de esta medida.
Sin embargo, indicó Fernández, para ello es «imprescindible» la colaboración vecinal, algo que según el edil socialista no se ha producido, puesto que «en reiteradas ocasiones los técnicos han intentado personarse en los domicilios particulares y en el edificio en su conjunto para valorar los daños, con voluntad asimismo de intervenir sobre la junta de dilatación, y no se les ha dejado entrar».
Fuente: Europapress.es